La trama de hidrocarburos encabezada por Víctor de Aldama, considerado el «nexo corruptor» con la trama Koldo, defraudó 182 millones de euros mediante una estructura societaria extremadamente compleja. Aldama y su socio, Claudio Rivas, crearon una red de empresas cuya finalidad era eludir el pago del IVA (impuesto sobre el valor añadido) en la venta de combustible. El modus operandi de la organización se basaba en vender combustible a través de una operadora y aplicar el 21% del IVA a las distribuidoras. Sin embargo, ese IVA nunca era declarado, lo que generaba enormes beneficios ilícitos para la trama.
Uno de los aspectos que más llamó la atención a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fue que algunas de las sociedades utilizadas para ejecutar este fraude millonario se constituyeron con un capital mínimo. En algunos casos, estas empresas fueron creadas con tan solo un euro. Esta circunstancia resultó especialmente reveladora para los investigadores, quienes encontraron en este detalle un indicio clave del funcionamiento de la trama.
El fraude se ejecutó mediante una estructura societaria enrevesada. Entre las empresas implicadas en este esquema destacan varias mercantiles como Salamanca Fuel Center, Carburantes Jalón-Plaza, Obaoil 3000 SL, Casmar Hidrocarburos SL, Espaeventos SL, Canary Islands Fuel Company y Skyward Tech SL. Así lo señaló el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en uno de sus autos, resaltando la amplitud y sofisticación de la red empresarial creada por Aldama y sus colaboradores para perpetrar el fraude.
Un ejemplo particular de las sociedades creadas con un capital irrisorio es Carburantes Jalón-Plaza. Esta mercantil fue constituida el 7 de diciembre de 2022 con un capital social de solo un euro, lo que contrasta con el volumen de negocio que gestionaba. La creación de esta sociedad coincide con la aprobación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de la ley de Creación y Crecimiento de Empresas, más conocida como ley Crea y Crece, en septiembre de 2022. Esta normativa, impulsada en respuesta a la disolución de numerosas empresas tras la pandemia, buscaba facilitar la creación de nuevas sociedades, exigiendo solo un euro para constituir una sociedad limitada, en lugar de los 3.000 euros que se pedían anteriormente. El objetivo del Ejecutivo con esta ley era, entre otras cosas, combatir la morosidad.
Carburantes Jalón-Plaza, domiciliada en Zaragoza, tenía como objeto social la «comercialización al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, así como de productos similares». Aunque en apariencia se trataba de una empresa legítima, en la práctica fue utilizada como un instrumento para defraudar a gran escala. La empresa contaba con un único administrador y socio: Jaime Salmerón González, quien, según las investigaciones, actuaba como testaferro de la trama. Este individuo figuraba como el responsable legal de la empresa, aunque su verdadero papel era encubrir las actividades ilícitas de Aldama y sus asociados.
Este entramado de empresas y testaferros permitió a la trama de hidrocarburos operar durante un tiempo sin levantar sospechas significativas. Sin embargo, la magnitud del fraude llevó a la caída de esta red delictiva. La investigación de la UCO sigue revelando detalles sobre cómo funcionaba este esquema y quiénes eran los verdaderos beneficiarios de los 182 millones de euros defraudados al fisco. Las pesquisas continúan y se espera que nuevas revelaciones salgan a la luz en los próximos meses.
Prisión para Aldama y su socio
Pedraz envió a prisión provisional y sin fianza a Aldama y a Claudio Rivas. El juez no descarta en su auto que existan en el extranjero sociedades aún no identificadas, a través de las cuales los investigados podrían operar salvaguardando el patrimonio vinculado. El magistrado justifica su decisión de enviar a prisión a Aldama y a Rivas por la gravedad de los delitos que se les imputan, cuyas penas, elevadas, podrían llevarles a fugarse.
Incide además en que quedan aún muchas diligencias pendientes, que junto con las medidas ya adoptadas, tienen por objeto recuperar en la medida de lo posible el dinero defraudado, otro motivo para optar por el ingreso en prisión de ambos.